Un verdadero escándalo político sacude a la localidad de Tanti. Dos concejales opositores iniciaron una demanda millonaria contra la Municipalidad, luego de haber sido sancionados con un descuento en sus dietas por ausentarse sin aviso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
Se trata de Marcela Suárez y Lucio López, quienes el pasado 5 de marzo se ausentaron de sus bancas mientras el intendente Emiliano Paredes pronunciaba su discurso en el Centro Cultural de la localidad. Según testigos, lejos de cumplir con su función, los ediles habrían sido vistos “tomando café” en un bar cercano.
La sanción se basó en la ordenanza Nº 1491, que estipula que el gasto de representación se abona en proporción a la asistencia de los concejales a las sesiones y comisiones ordinarias. Con este marco legal, se aplicó un recorte del 20% de sus sueldos, lo que representa unos 200 mil pesos. Además, el Ejecutivo municipal fundamentó la medida en la Ley 8102 y en el Reglamento Interno del Concejo Deliberante, que prevén descuentos ante inasistencias injustificadas.
Pero lejos de aceptar la sanción, Suárez y López decidieron contraatacar en los tribunales. Presentaron una demanda de acción de nulidad e inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala Contencioso Administrativo, patrocinados por el abogado José Ernesto Magnetti. El reclamo apunta directamente contra el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tanti y su presidenta, María Nilda Patiño, y busca revertir el descuento aplicado.
La disputa central gira en torno a la retención del 20% de los gastos de representación correspondientes al mes de marzo de 2025, lo que asciende a $220.000 más intereses para cada concejal. Los demandantes sostienen que la decisión del Concejo Deliberante es nula e inconstitucional, ya que la Ordenanza 1491/24 establece que el “gasto de representación” se descuenta únicamente en las sesiones y comisiones ordinarias, y no en las sesiones especiales como la del 5 de marzo.
Desde la Presidencia del Concejo rechazaron los recursos, argumentando que la sesión en cuestión fue pública, la ausencia de los concejales fue “notoria” y que el pago completo de la dieta sería “reñido con el orden jurídico y con una cuestión ética”. Además, plantearon que el gasto de representación funciona en la práctica como un sueldo o dieta, y que la Ley Orgánica Municipal 8102 no diferencia entre sesiones ordinarias y especiales.
Los concejales, en cambio, insisten en que el gasto de representación no es remunerativo, no genera aportes previsionales ni exige rendición de cuentas, por lo que no puede equipararse a un salario ni a un viático. Por ello, solicitaron al Tribunal Superior que declare la nulidad e inconstitucionalidad de los actos administrativos que legitimaron el descuento (el acto del 09 de abril de 2025 y el Decreto 01/25 del 02 de junio de 2025) y ordene el pago inmediato de lo retenido.
El caso, que se tramita bajo la competencia del TSJ en “conflictos internos de las Municipalidades”, no tiene antecedentes cercanos en Córdoba. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en Tanti, con una pregunta que resuena en los vecinos: ¿se trata de un reclamo legítimo de derechos o de un intento de cobrar sin cumplir con las responsabilidades asumidas?