En el cierre del año judicial, el juez federal Miguel Ángel Contreras dictó una resolución “ómnibus” en la que respondió los pedidos de los abogados vinculados a la causa del estafador Edgar Adhemar Bacchiani, como los testimonios de autoridades, el supuesto desvío de fondos públicos hacia la timba financiera y la situación de dos secretarios de su juzgado que cayeron en la trampa piramidal.
La resolución de Contreras tiene fecha 16 de diciembre de 2024 y en ella dio por cerrada una decena de planteos que se habían acumulado en el año, sobre todo los que involucraban tanto a figuras del oficialismo provincial como a imputados en la causa del “Trader God”.
Pero además el juez dejó abierta la puerta para que el Ministerio Público Fiscal investigue las sospechas más incómodas para el Gobierno provincial. Por caso, el supuesto ingreso de dinero público del Ministerio de Desarrollo Social en las cuentas de la desaparecida financiera Adhemar Capital, una de las conjeturas que rodean el todavía impune crimen del exministro Juan Carlos Rojas.
Bacchiani fue procesado en octubre de 2023 por “intermediación financiera no autorizada, asociación ilícita, lavado de activos y defraudación”. El juez Contreras acusó por los mismos delitos a Zaraive Garcés Rusa (exesposa de Bacchiani), José Blas, Alexis Sarroca, Iván Segovia, Lucas Retamozo, Aldana Donato, Sofía Piña, Sofía Aylán, Pablo Olmi, Franco Brey y Ernesto Erdbercher Denett. Todos ellos conformaron la cúpula completa de la financiera.
Gobernador
El abogado tucumano Alfredo Aydar, que representa a un grupo de clientes estafados, había pedido al Juzgado Federal que cite al gobernador Raúl Jalil para tomarle declaración testimonial con el fin de que explique por qué razón advirtió al Banco Central (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a fines de 2021 sobre el funcionamiento de un posible esquema Ponzi en Catamarca a través de Adhemar Capital SRL, cuando “durante más de 3 años el ARCA (hoy ARCAT), un organismo de su gobierno, tuvo un box de fiscalización en esa empresa”, argumentó Aydar.
Además, al abogado le llamó la atención que la advertencia de Jalil haya sido solo sobre la empresa de Bacchiani, y no sobre las otras financieras que estaban activas en ese momento, como RT Inversiones y Callvu, entre otras.
Para Aydar, por otro lado, en lugar de notificar a los organismos nacionales, “el gobernador Jalil tendría que haber realizado una denuncia en la Justicia, como corresponde a todo funcionario público que tiene conocimiento o sospecha de un posible delito”, agregó.
Sin embargo, el juez Contreras no hizo lugar al pedido porque entendió que no era pertinente a los efectos del proceso. Aunque consideró que el pedido de Aydar “no es fundamento de un pedido de declaración testimonial, sino de una denuncia, por lo tanto se debe poner en conocimiento al Ministerio Público Fiscal a los efectos que estime corresponder”.
Exintendenta
Aydar también solicitó indagar a Roxana Paulón, exintendenta peronista de Fiambalá, para saber si en verdad destinó fondos del municipio a la timba financiera de Adhemar Capital, una inquietud que previamente habían puesto sobre el tapete las concejalas opositoras Sonia Díaz y Delicia Alaniz, autoras de un pedido de interpelación de la jefa municipal.
La interpelación tuvo el visto bueno del Concejo fiambalense, por mayoría, a fines de octubre de 2023, es decir, una semana después de la derrota electoral de Paulón, quien aspiraba a un tercer mandato consecutivo al frente de la intendencia. Las concejalas argumentaron entonces que solo buscaban “dar transparencia a la función pública” y negaron que fuera un acto de “persecución política”.
En realidad, los concejales querían sentar a Paulón para que explicara por qué había sido “mencionada por un imputado en la causa de Bacchiani” respecto a un supuesto ingreso de fondos municipales o particulares de la propia exintendenta en el circuito de inversiones de la financiera.
Lo cierto es que la interpelación no se llevó a cabo por disidencias respecto al escenario. Los ediles habían previsto que sea en la sala del CD a puertas cerradas, pero Paulón pretendía que fuera abierta y estar rodeada por su equipo de asesores legales y de prensa. Finalmente se frustró. Las respuestas que todos querían escuchar nunca se dieron.
Unos días después, el intendente electo Raúl Úsqueda asumió el cargo y denunció varias irregularidades en la gestión saliente. La más grave fue, según dijo, que Paulón le dejó una deuda de “400 millones de pesos”. Aunque aclaró que la mayor parte correspondía a “deudas con proveedores”.
Sobre el pedido de declaración de Paulón, el juez Contreras aplicó el mismo criterio que con Jalil. “La solicitud se funda en abordar si (la ex intendenta) ingresó dinero de la municipalidad que tenía a su cargo en la empresa Adhemar Capital SRL; por lo que tal pedido lo es a los fines de la investigación de la actividad de la nombrada y sus responsabilidades como funcionaria, lo que excede el objeto de la presente causa, y en efecto, responde más a una fundamentación de una denuncia, por lo que se debe poner en conocimiento al Ministerio Público Fiscal a los efectos que estime corresponder, más allá de las cuestiones de competencia que se puedan suscitar”, señala la resolución.
Exministro
Al igual que con Paulón, el querellante Aydar solicitó que la Justicia Federal pida a la Justicia provincial copia del expediente abierto por el homicidio del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, en diciembre de 2022. La parte que más le interesa al abogado es la vinculada con el presunto desvío de fondos de la cartera social a las arcas de Bacchiani antes de que asumiera Rojas.
Por este tema, en diciembre pasado, Aydar presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción. “Juan Carlos Rojas habría descubierto un importante desvío de fondos públicos hacia Adhemar Capital SRL, hecho que no llegó a denunciar antes de ser asesinado, lo que podría ser el móvil principal del crimen, los cuales deberán ser corroborados mediante la documentación”, dice la presentación.
Rojas asumió al frente de Desarrollo Social en lugar de Maximiliano Rivera -hoy director de la Caja de Crédito y Prestaciones o ex CAPRESCA-. Aydar apuntó directamente a Rivera por las sospechas. Dijo haber obtenido “información de fuentes confiables, las cuales solicitan garantías antes declarar”, según las cuales este exministro “habría realizado transferencias de fondos hacia la financiera”.
La respuesta de Rivera no se hizo esperar. Acusó a Aydar de “caranchear a estafadores y estafados sin distingos” y aseguró que “el objetivo de este personaje lamentable no es alcanzar ningún grado de verdad, sino simplemente sembrar dudas sobre algo que no tiene lugar a dudas”.
El juez Contreras procedió en el mismo sentido que antes con el pedido de Aydar. Lo rechazó por considerarlo “manifiestamente improcedente, toda vez que este Juzgado carece de competencia a los fines de investigar el hecho objeto de aquellas actuaciones, como así tampoco no es atribución de la Justicia federal el control del accionar de los funcionarios de la Justicia ordinaria”.
Sin embargo, señaló que lo relacionado con “el dinero que puede haberse introducido por parte de aquel Ministerio en la empresa Adhemar Capital, se debe poner en conocimiento al Ministerio Público Fiscal a los efectos que estime corresponder”, al margen de los aspectos de competencia entre ambas jurisdicciones.
Funcionarios judiciales y clientes
Un punto central de la resolución del juez Contreras es sobre la incómoda situación en la que quedaron los secretarios federales Luis Baracat Marenco y Raúl Córdoba (secretario Penal), quienes apostaron dinero en la monumental rueda piramidal que montó Edgar Bacchiani a través de Adhemar Capital.
Aydar había pedido que ambos presten declaración testimonial, lo que fue denegado por Contreras, quien recordó que los planteos de recusación ya fueron resueltos y que ninguno de los querellantes cuestionó.
No obstante, Contreras apeló a una curiosa justificación de sus colaboradores.
Dice textualmente: “Además, debe destacarse que se ha aclarado en tales incidencias la calidad de inversores que tenían los nombrados, como gran parte de la sociedad catamarqueña, acompañándose la debida documentación, sumado a los descargos de los funcionarios, por lo cual no se vislumbra ningún particular interés para el objeto de la causa en receptar sus testimonios, siendo sobreabundantes los mismos, ya que manteniendo tal lógica debería citarse a todas las personas que hayan invertido alguna vez en tal empresa”.
En otras palabras, para el juez federal, Baracat y Córdoba podrían ser considerados sencillamente como parte del grupo de miles de estafados que dejó Bacchiani en la región. La diferencia es que ellos, a diferencia de “gran parte de la sociedad catamarqueña”, estaban encargados de investigar al “Trader God” y a su pandilla financiera, o al menos de intervenir activamente en la causa.
De ambos funcionarios, el más comprometido fue Baracat. La defensa del imputado José Blas, exgerente de Adhemar Capital, lo recusó y pidió su apartamiento de la causa. Como elementos de prueba presentó capturas de un chat entre Baracat y Blas por una inversión del primero en la empresa.
Baracat se defendió alegando que “hace más de un año no interviene en la causa, ni como secretario fedatario, ni presencia audiencias, ni otra actividad; tarea que ha sido asignada al secretario Penal del Juzgado, Dr. Raúl E. Córdoba”. Así lo expresa la resolución, de fecha 17 de diciembre de 2024, que hizo lugar al apartamiento de Baracat de la causa.
Bacchiani fue detenido en abril de 2022. ¿Por qué el secretario Baracat esperó un año para apartarse? ¿Cómo asimiló que podía invertir en un sistema claramente ilegal cuando su función es estar del lado de la ley? ¿Los jueces, fiscales o funcionarios judiciales no deben cuidar su conducta pública?
De acuerdo con el razonamiento del juez Contreras, habría que interpretar que en el caso de sus colaboradores la codicia fue más fuerte que la sensatez.