viernes, 5 de septiembre de 2025 16:50
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, solicitaron al Consejo de la Magistratura el juicio político contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello. El magistrado fue quien dictó la medida cautelar que restringió la difusión de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Con @elisacarrio y @M_Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Marianello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar”, escribió Reyes en la red social X.
Los dirigentes opositores acusan a Maraniello de mal desempeño y posible comisión de delitos, al sostener que la resolución implica un acto de censura previa contra la prensa y vulnera el derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.
Además, señalan un posible vínculo del magistrado con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, lo que de confirmarse supondría un encubrimiento de procesos disciplinarios abiertos contra Maraniello y un atentado contra la independencia judicial.
En la denuncia también remarcan que el juez es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad que, según Carrió y sus pares, funcionaría como parte de una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. Entre sus auspiciantes mencionaron a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en causas por corrupción y en la distribución de fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes.
Los denunciantes agregaron que el magistrado acumula al menos cinco acusaciones por abuso moral, sexual y violencia de género radicadas por personal de su propio juzgado.
Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia, concluye la presentación.