La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, inauguró la 46ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se celebra en el Hotel Llao Llao de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Durante la apertura del encuentro, la funcionaria planteó su visión sobre la agenda económica y de seguridad, y defendió las medidas del Gobierno como pasos necesarios para consolidar un país más competitivo. La intervención delineó, desde el inicio, los ejes que iban a atravesar su discurso: reducción de impuestos, orden público y la necesidad de reconstruir la cultura del diálogo.
Bullrich reivindicó la necesidad de avanzar en una rebaja impositiva amplia y sostuvo que aún resta camino por recorrer: “Todavía queda mucho por hacer: son 155 los impuestos que faltan reducir”. Afirmó que la intención del Ejecutivo no es favorecer a determinados sectores sino permitir que el mercado “termine emparejando”, y aseguró que la política fiscal y de gasto público que plantean busca convertir a la Argentina en un país competitivo. En ese tramo también destacó parámetros de gestión: recordó la composición del gasto al asumir y subrayó el esfuerzo previsto para mejorar la competitividad nacional.
En esta línea, Bullrich señaló: “El gasto público, cuando asumimos, estaba en un 15% y las municipalidades en un 4%. El esfuerzo ahora es que la Argentina sea realmente competitiva”. Y agregó: “Hoy hay 46 millones de argentinos que viven con más tranquilidad”.
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Bajo el lema, “Compitiendo en un Mundo de Transición. Oportunidades y Desafíos”, el encuentro reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector privado para analizar finanzas, energía, minería y tecnología. Bullrich aprovechó la reunión para vincular las reformas económicas con la estabilidad y la confianza necesarias para atraer inversiones y dinamizar la actividad. El auditorio del Llao Llao sirvió de escenario para que el Gobierno exponga su diagnóstico.
En materia de seguridad y orden público, la ministra destacó los cambios que atribuyó a la gestión: “En todo el país, y en muchas ciudades (incluida Bariloche) había piquetes permanentes, todos los días, a toda hora: 9.000 por año. Imagínense, solo en la 9 de Julio. Hoy eso ya no existe”. Bullrich remarcó que esas protestas afectaban incluso el normal funcionamiento del Congreso y las movilizaciones presidenciales, y sostuvo que la nueva etapa procura recuperar la normalidad pública tras episodios de violencia y cortes. Con ese diagnóstico, vinculó la mejora del orden público a la posibilidad de avanzar con las reformas económicas que propone el Ejecutivo.
Para finalizar su intervención, la ministra hizo un llamado a restaurar el diálogo como condición del progreso social y económico: “Lo vivimos en cada familia argentina. Por ellos, tenemos que lograr que la Argentina encuentre un verdadero diálogo: no de canjes ni de corrupción, sino un diálogo que permita hacer lo que la gente necesita para progresar”.
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Mientras tanto, la oposición pide el juicio político a Bullrich
El escándalo por la denuncia del Ministerio de Seguridad contra periodistas sumó este miércoles un nuevo capítulo en el Congreso, cuando el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans, reclamó el juicio político contra la titular de la cartera. El pedido se produjo tras la presentación judicial ante Comodoro Py que solicitó allanamientos y el cese de la difusión de audios vinculados al Gobierno, una acción firmada por Fernando Soto, funcionario cercano a la ministra. Mayans sostuvo que la iniciativa configuró un avance institucional que exige respuestas políticas y responsabilidades.
El senador formoseño no se quedó allí y también pidió la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, al señalar que el origen de la denuncia obliga a pedir explicaciones públicas. “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine en palabras, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, dijo Mayans, e instó a que el Congreso intervenga para dilucidar los hechos.
La presentación del Ministerio de Seguridad provocó un fuerte repudio en la oposición y entre entidades de prensa, que la calificaron como un intento de amedrentamiento y de censura. Con el pedido de juicio político y la solicitud de interpelación, Mayans busca llevar el debate al recinto y forzar definiciones políticas en medio de la tensión electoral, poniendo al Gobierno en la necesidad de rendir cuentas públicamente por la medida judicial presentada.
TC / EM