martes, 2 de septiembre de 2025 02:01
El abogado Oscar Romero, en representación Ricardo Germán Córdoba, titular de la empresa Gerco Construcciones, presentó una denuncia penal en contra de funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Santa María.
De acuerdo a la presentación judicial a la que tuvo acceso diario El Esquiú, la denuncia por estafa y asociación ilícita es en contra de la actual intendenta, Erika Inga; el exintendente, Pablo Sánchez y el actual senador de los Valles Calchaquíes, Antonio Alvaro Camposano. En el objeto de la denuncia, el letrado menciona que los supuestos hechos que se le atribuyen a los denunciados es por “haber pergeñado esta maniobra delictiva de estafa a mi cliente, con una obra terminal de Santa María terminado por mi mandante y nunca pagada”.
Luego, el abogado menciona que su cliente fue contratado en agosto y septiembre de 2023 por la comuna –en ese momento a cargo de Sánchez- para concluir las obras de la Terminal de Ómnibus, entre ellas, la ejecución de la mano de obra para construcción de división de locales en la terminal y la construcción de instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas, por más de 19 millones de pesos cada una.
Seguidamente, Romero precisa que “ante el silencio del municipio y ante la negativa de recibirlo”, el ingeniero Córdoba buscó ayuda en el Gobierno de Catamarca dado que son los garantes de la obra y esto “prometían pago en lo inmediato”, pero que luego de las elecciones “al ingeniero Córdoba ya no lo conocía nadie”.
Ante esta situación, el denunciante mencionó que se intimó a la actual intendenta para que cumpla con los contratos, pero no solo no hubo una solución, sino que su cliente “recibió amenazas de represalias, si demandaba con la amenaza de que además la Justicia de Santa María no harían nada en contra de la Municipalidad”.
Sobre la asociación ilícita, el letrado, en la denuncia, indica que “esto estuvo orquestado por todos los funcionarios municipales los que pergeñaron esta maniobra”, explicando, luego, que muchos corralones que “ya habían sido víctimas” del municipio y no le vendían sino era de contado; por lo que buscaron a Córdoba y “empezó el verso, el chamuyo (…) y fue fácil presa de esta mafia municipal”.
Finalmente, en el escrito presentado, Romero solicita la indagatoria de Inga, Sánchez y Camposano y al arquitecto Guillermo Tarifa.
Romero, ante El Esquiú Play, calificó a la situación como una “burla” puesto que no obtuvo respuesta de ninguna de las partes. Acotando, que se tendría que haber una licitación, pero que “se ha hecho costumbre que hagan todo privado por distintos motivos, por diezmo, por lo que se sea, pero todo es privado, nada es público”.
Luego, manifestó que sus clientes “no tienen acceso a la Justicia” en Santa María, por lo que la denuncia la tuvo que presentar en Fiscalía General. “Lo que molesta, hiere, lastima, es que el Estado abandone así a alguien que ha prestado un servicio (…) Cuando uno le va a reclamar por lo que es de uno, te cierran la puerta y encima te amenazan”.