Tres meses y medio después que se clausuró la actividad, se prohibió la venta o comercialización de productos y se puso bajo la lupa a los dueños del laboratorio Ramallo, en la causa que investiga 96 muertes por fentanilo contaminado, autoridades provinciales realizaron este viernes una inspección en el edificio donde funcionó la compañía. Fue luego de que se conocieran imágenes de montañas de ampollas desparramadas y abandonadas en un sector del edificio ubicado en el Parque Industrial de esa ciudad del norte bonaerense.
Las autoridades provinciales y la Justicia definirán de qué manera se destruye ese material de alto riesgo ambiental y sanitario. “No puede permanecer sin resguardo, al aire libre y al alcance de animales o personas. Es una bomba de tiempo ambiental”, describió un técnico que se dedica a esta actividad.
La intervención la solicitó el juez federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien tiene a su cargo el expediente por el escándalo que derivó de la administración de este opioide -en al menos 13 instituciones sanitarias del país- infectadas con dos bacterias que resultaron letales para pacientes internados en terapia. Un informe de TN mostró montañas de residuos farmacéuticos en sectores “adyacentes” al edificio central de la firma.
Según pudo averiguar Clarín, en los dos allanamientos que ya se habían hecho por pedido del magistrado no se revisaron esos sectores que están en medio de enormes galpones. En los procedimientos anteriores, realizados a mediados de mayo y en los que intervino personal de fuerzas federales de seguridad, se apuntó a oficinas y sectores donde quedan registrados los reportes de fabricación de medicamentos (batch record) y otra documentación.
Los inspectores de Medio Ambiente bonaerense sólo llegaron al lugar cuando se lo pidió la Justicia. El Ministerio -creado por la gestión de Axel Kicillof y al mando de Daniela Vilar, una dirigente de La Cámpora- es el responsable de verificar el cumplimiento de todos los protocolos para el tratamiento de residuos peligrosos.
Tiene facultades para inspección y puede aplicar sanciones. Además, según explicó a Clarín una fuente vinculada al control ambiental, podría haber actuado de oficio, cuando se supo que Ramallo y el laboratorio HLB Pharma -ambos investigados por una serie de irregularidades- fue suspendido por ANMAT el 13 de mayo pasado.
“Era lógico que una empresa de estas características, a la que le prohibieron seguir operando, iba a generar residuos peligrosos y Medio Ambiente debió actuar para analizar la forma de tratarlos y retirarlos”, explicó el vocero.
Medio Ambiente tiene cuatro secretarías; 11 direcciones generales y casi 40 direcciones provinciales. Además de media docena de funcionarios con rango de subsecretarios que acompañan a Vilar.
El municipio de Ramallo, a cargo de Mauro Poletti (UxP), tampoco envió inspectores para revisar la situación en la que quedó la industria ubicada en avenida Agustín Rocca, cerca de avenida Industria Nacional, en el parque que administra la comuna. El intendente aclaró que no tiene jurisdicción para intervenir.
La Ley 11.720 de Residuos Especiales de PBA, en su artículo 49, expresa que “todo Municipio en cuya jurisdicción se encuentren instaladas industrias o se realicen actividades, de cualquier tipo, que generen residuos especiales, en los términos de la presente Ley y no existieren, o no pudieren ser utilizados plantas del tipo definido en el artículo 36 (de tratamiento de estos restos) deberán habilitar plantas de almacenamiento transitorio”.
Ese artículo apunta, precisamente, a preservar el posible daño ecológico que representan productos como los que manipula un laboratorio.
En Buenos Aires hay seis compañías que tienen capacidad para tratar y disponer de residuos especiales de alto riesgo. A través de una cámara que las agrupa, firmaron un convenio con el ministerio provincial para operar en caso de que las empresas quiebren, cierren o sean suspendidas, tal como ocurrió con Ramallo y HLB Pharma.
AA