El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán dictó penas de hasta 3 años y medio de prisión contra tres exintegrantes de la cúpula de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), acusados de administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos. Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2011 y, además de la condena penal, los responsables deberán afrontar el pago de una reparación millonaria, actualizada por índice IPC.
El juicio contó con la intervención de los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, mientras que los jueces Ana Carina Farías, Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl dieron por acreditadas maniobras que incluyeron sobreprecios en obra pública, colocaciones financieras irregulares y la renuncia arbitraria a utilidades de la empresa minera YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) que correspondían a la UNT.
Las condenas
- Juan Alberto Cerisola, exrector de la UNT, recibió la pena más alta: 3 años y 6 meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio de la administración pública.
- Olga Graciela Cudmani, exdirectora general de Construcciones Universitarias, fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión.
- Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones, recibió 2 años de prisión en suspenso.
Los tres fueron también inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, Luis Fernando Sacca, exsubsecretario administrativo de la UNT, fue absuelto por el beneficio de la duda.
Reparaciones económicas
- Cerisola y Cudmani deberán afrontar un pago solidario de $39.277.376, actualizado desde octubre de 2012 hasta su efectivo cumplimiento.
- Cudmani y Venturino deberán abonar $717.000,66, suma que se actualizará desde diciembre de 2011.
El proceso oral comenzó en junio de 2024 y se extendió por 14 meses, con más de 40 audiencias, 50 testigos, 50 cajas documentales y 11 inspecciones oculares en obras ejecutadas. El tribunal adelantó que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en un plazo de 40 días hábiles.
Los hechos investigados
De acuerdo al requerimiento del fiscal Carlos Brito, los fondos provenientes de YMAD, destinados por ley a la construcción de la Ciudad Universitaria en las Sierras de San Javier, fueron desviados hacia un sistema paralelo e ilegal de contratación de obras.
La acusación destacó irregularidades como:
- Sobreprecios en 13 obras ejecutadas.
- Contrataciones sin controles ni transparencia.
- Inversiones financieras sin aval del Banco Central.
- Renuncia a utilidades millonarias de YMAD que le correspondían a la universidad.
El Ministerio Público Fiscal estimó que la pérdida patrimonial por la renuncia a fondos de YMAD supera el equivalente a 64 mil millones de pesos actuales.