• El Ancasti >
  • Policiales >

Justicia

Los imputados buscan agotar todos los recursos para no sentarse en el banquillo. De ser condenados, quedarían inhabilitados para seguir trabajando con OSEP.

La causa por el escándalo de las órdenes médicas truchas que perjudicaron económicamente a la OSEP entró en una etapa clave: ocho médicos imputados ofrecen $15.300.000 para evitar el juicio oral, realizar tareas comunitarias y quedar libres de antecedentes penales. El expediente se tramita ante la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación y el fiscal de Cámara, Augusto Barros, deberá definir en los próximos días si avala o no el pedido de suspensión de juicio a prueba (probation).

Mientras tanto, desde el entorno judicial no descartan que el ofrecimiento no conforme al fiscal, ya que se trata de un fraude millonario al Estado provincial. Los acusados estarían agotando todas las vías recursivas para no estar en el banquillo de los acusados, evitar la exposición pública y el reproche judicial que conllevaría una inhabilitación para seguir facturando a OSEP, si es que son condenados.

Lee además

Los médicos imputados y sus ofrecimientos

A continuación, el detalle de los profesionales acusados por “fraude en perjuicio de la administración pública” en concurso ideal con “uso de instrumento privado adulterado”, y el dinero que proponen pagar como resarcimiento:

  • Marcelo González (defendido por Luciano Rojas): habría cobrado $10.000 — ofrece $3.000.000.
  • Bruno Ariel Robledo (defendido por Herman Zalazar): habría cobrado $12.000 — ofrece $2.300.000.
  • Alejandro Codigoni (defendido por Jorge Bracamonte): habría cobrado $10.000 — ofrece $2.100.000.
  • Marcelo Eduardo Ubaid (defendido por Claudio Contreras): habría cobrado $5.000 — ofrece $1.000.000.
  • Nelson Walter Silva (defendido por Claudio y Fernando Contreras Del Pino): habría cobrado $7.900 — ofrece $1.500.000.
  • Juan León Córdoba Bustos (misma defensa que Silva): habría cobrado $10.200 — ofrece $2.000.000.
  • Hugo Pacheco (defendido por Jorge De la Fuente): habría cobrado $7.000 — ofrece $1.300.000.
  • Lilian Pennise (defendida por Iván Sarquís): habría cobrado $10.000 — ofrece $2.100.000.

El monto total del resarcimiento asciende a $15.300.000, y sería recibido por la OSEP, que no se constituyó como querellante en la causa.

Cómo sigue

La causa está en manos de los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo, pero la decisión clave la tiene ahora el fiscal Barros, quien deberá expedirse sobre la procedencia del pedido de probation. De ser rechazada, el proceso avanzaría hacia un juicio oral en el que se expondría públicamente el esquema de facturación fraudulenta que, según la investigación, permitió que una misma orden fuera presentada hasta 49 veces en un mes.

Te Puede Interesar