Los fondos ahora no pretenden el 51% de acciones de la petrolera

El juicio por la expropiación de YPF sumó este viernes un nuevo capítulo con fuertes definiciones de ambas partes. Por un lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó tajantemente que “Argentina no va a negociar con las partes demandantes” y rechazó “cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”. Por otro, los fondos beneficiarios del fallo de u$s16.099 millones aseguraron que no tienen interés en quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera. La postura del Gobierno nacional se hizo pública luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendiera, de forma preventiva, la orden de la jueza Loretta Preska que disponía la entrega de las acciones Clase D de YPF. “Argentina logró que la Cámara disponga la suspensión de la orden de entrega. Esta medida estará vigente hasta que se decida si se mantiene durante todo el proceso de apelación”, explicó Adorni durante una conferencia de prensa.

Horas antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado nuevamente a la Argentina al intervenir como amicus curiae en el expediente. En su presentación, el gobierno norteamericano pidió postergar la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana del país, evitar conflictos internacionales y garantizar un desarrollo judicial adecuado en la etapa de apelación. En paralelo, los propios demandantes también se presentaron ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para aclarar que no tienen interés en administrar YPF. Según reveló el analista Sebastián Maril, los fondos —entre ellos Petersen Energía, Eton Park Capital Management y Bainbridge Fund Ltd.— comunicaron que, en caso de recibir acciones como parte de un eventual cobro, buscarán devolverlas por un mecanismo adecuado, como por ejemplo una venta, dado que no desean conservarlas ni ejercer control sobre la empresa.

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Además, plantearon su rechazo a que la Argentina continúe la apelación sin ofrecer una garantía financiera, al considerar que esto podría poner en riesgo la ejecución del fallo si el país pierde la instancia. En ese sentido, destacaron que el objetivo del juicio sigue siendo el cobro del monto establecido, no la toma de control de la petrolera. El escenario legal permanece abierto. Con el apoyo del gobierno estadounidense y la suspensión temporal de la orden de Preska, el Gobierno argentino reforzó su decisión de no negociar y mantenerse firme en su estrategia judicial. Del otro lado, los fondos reiteran su intención de cobrar y advierten que no aceptarán maniobras dilatorias sin garantías concretas. El caso, que sigue su curso en la justicia de Nueva York, aún promete más capítulos.