En una audiencia clave ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar sorprendió al modificar la postura sostenida por otros fiscales en instancias anteriores. Aunque apoyó que Cristina Fernández de Kirchner continúe cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario, planteó que debe hacerlo en un domicilio distinto al actual, ubicado en el departamento de San José 1111.
La presentación de Villar tuvo lugar ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, y marcó un contraste con la posición mantenida por Diego Luciani, fiscal del juicio oral, quien había solicitado que la ex mandataria fuera trasladada a un penal común.
Además del planteo del fiscal de Casación, siguen en pie dos reclamos impulsados por el abogado defensor Carlos Beraldi: que se le retire la tobillera electrónica a la ex presidenta y que se levanten las restricciones sobre las visitas que puede recibir en su domicilio.
Cristina Kirchner: el fiscal general aceptó que siga bajo arresto domiciliario, pero en otro lugar
En su exposición, Villar afirmó que la permanencia de Cristina Kirchner en el departamento de Constitución generó conflictos con vecinos, alteraciones del orden público y riesgos para su integridad física, especialmente durante manifestaciones. Por ello, propuso que el cumplimiento de la pena continúe bajo la modalidad domiciliaria, pero en otra residencia.
Al referirse a las movilizaciones en las inmediaciones del edificio, el fiscal señaló que las manifestaciones no pueden prohibirse de manera general, ya que están protegidas por la libertad de expresión tanto de la condenada como de sus simpatizantes. No obstante, advirtió que ese derecho no debe derivar en situaciones que afecten a terceros o pongan en riesgo la seguridad de la propia expresidenta.
También mencionó el atentado sufrido por Cristina Kirchner en septiembre de 2022, ocurrido en medio de una concentración frente a su vivienda, como un factor que agrava el riesgo en su actual ubicación.
No a la cárcel común, pero sí condiciones
Aunque reconoció que originalmente correspondía aplicar la regla general del cumplimiento de penas en establecimientos penitenciarios, Villar señaló que actualmente no se han registrado incumplimientos de las condiciones impuestas para la prisión domiciliaria, por lo que no ve justificación para revertir ese beneficio.
A su juicio, un eventual cambio en la modalidad de cumplimiento solo podría darse si Cristina Kirchner o su entorno violaran las normas establecidas: “Solo su conducta, activa u omisiva, podría justificar un retroceso en los términos de la pena”, afirmó.
Villar también coincidió con el diagnóstico de Luciani en cuanto a los riesgos de seguridad en el domicilio actual, especialmente por las apariciones públicas en el balcón, pero sostuvo que trasladarla a una cárcel sería una medida excesiva en esta etapa de la condena.
En consecuencia, el fiscal no se opone a la continuidad del arresto domiciliario, siempre y cuando se traslade a una residencia que no afecte a terceros y se mantenga el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Visitas restringidas bajo control judicial
Uno de los reclamos de la defensa tiene que ver con la cantidad y tipo de visitas autorizadas. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) estableció reglas claras: solo pueden ingresar al domicilio abogados, familiares, médicos y custodios previamente registrados. Para cualquier otra persona, se necesita autorización judicial.
La defensa de Kirchner, que recientemente gestionó el ingreso del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insiste en que esas condiciones limitan su vida social. Sin embargo, Villar respondió que no se ha denegado ninguna visita y que la exigencia de presentar un listado es una medida razonable de control judicial.
“El agravio planteado es prematuro y no justifica la intervención de la Casación”, sostuvo el fiscal, y agregó que el control de visitas es parte de las facultades del juez para garantizar que la pena tenga el efecto rehabilitador previsto por la ley.
Además, aclaró que no existen restricciones para que la ex mandataria se comunique por teléfono o por medios electrónicos con quien desee.
Tobillera electrónica: respaldo a su uso
Respecto del dispositivo de geolocalización que lleva la ex presidenta, Villar recordó que la ley 24.660 establece su obligatoriedad como parte de la prisión domiciliaria. Dicha medida solo puede ser levantada por decisión judicial y tras informes favorables del equipo técnico del juzgado de ejecución. En este caso, no se han producido esos requisitos, por lo que el fiscal se mostró en contra de retirarla.
En su presentación, remarcó que la tobillera no vulnera derechos y que su uso es una medida estándar para cualquier condenado que accede al beneficio del arresto domiciliario.
Definición pendiente
Si los jueces de la Cámara coinciden con la postura de Villar, el abogado Carlos Beraldi deberá presentar alternativas de domicilios para que el juez de ejecución Jorge Gorini decida dónde continuará cumpliendo la condena Cristina Kirchner.
El caso se enmarca en una sentencia firme por corrupción que la ex presidenta cumple en modalidad de prisión domiciliaria, y el pronunciamiento de la Cámara de Casación podría marcar un precedente sobre cómo deben ejecutarse penas similares en figuras con alta exposición pública.