Estado ausente o represor

Mar del Plata fue estos días noticia por la falta de gas natural que afectó a la ciudad, pero también por una decisión del Juzgado de Garantías de esa ciudad, a cargo del juez Juan Francisco Tapia, que prohibió la continuidad de los violentos operativos que venía ejecutando el Cuerpo de Patrulla Municipal contra personas en situación de calle. Por orden del intendente del Pro, Guillermo Montenegro, esta patrulla desalojaba de los espacios públicos a las personas que dormían en la vía pública, para lo cual las hostigaban y hasta ejercían violencia contra ellas.

La resolución judicial se conoció luego del caso de la muerte de un hombre que dormía en una vereda. Ese mismo hombre había sido golpeado por los agentes del municipio. El argumento del municipio para sacar a las personas en situación de calle no es ofrecerle ayuda o que pasen las frías noches en algún recinto cerrado, sino que quienes duermen a la intemperie ofrecen una “mala imagen” en la ciudad. Es decir que esta población altamente vulnerable no solo sufre la violencia institucional, sino el abandono del Estado.

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La resolución del juez es virtuosa y humanitaria porque, además de prohibir los operativos violentos de desalojo, señala con precisión que las personas en situación de calle necesitan de la contención de la Secretaría de Desarrollo Social, no la represión del Cuerpo de Patrulla Municipal, cuyos integrantes usan prendas de vestir oscuras y rostros tapados, lo que impide su identificación. Las víctimas de estos procedimientos inhumanos han denunciado incluso que los agentes les roban sus pertenencias.

Mar del Plata no es la única ciudad donde las personas en situación de calle son víctimas de violencia institucional. También ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Un informe realizado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) consigna que la gestión del Gobierno de la Ciudad, que conduce Jorge Macri, exhibe “una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de ´Orden y Limpieza´, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, las detenciones, la violencia institucional y la destrucción de sus pertenencias como parte de las acciones de control y reapropiación de las fuerzas de seguridad de estos lugares”.

El modelo punitivista debe dar paso a un enfoque basado en los derechos de las personas en situación de calle, que son vulnerados permanentemente. El modelo punitivista debe dar paso a un enfoque basado en los derechos de las personas en situación de calle, que son vulnerados permanentemente.

Según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle ascienden a más del doble entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 (128% de aumento). El 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención.

Es fundamental un cambio sustancial del abordaje de la problemática de las personas en situación de calle. El modelo punitivista debe dar paso a un enfoque basado en los derechos de este sector de la población que son vulnerados permanentemente, por un Estado ausente o, aun peor, represor y violento.