Pese a las advertencias que desde fines del año pasado vienen recibiendo sobre las restricciones económicas, los intendentes del interior no tomaron ninguna previsión y presionan ahora sobre el Gobierno para obtener auxilio para abonar los aguinaldos. Se trata de un clásico de todos los junios y diciembres que marca la naturalización de la irresponsabilidad administrativa que en esta oportunidad resalta con más énfasis. La merma de recursos provinciales es consecuencia de la caída de la recaudación por la inactividad económica, el retroceso del consumo y las podas aplicadas por el Gobierno nacional, elementos que no pueden ser desconocidos por los jefes comunales salvo que vivan enclaustrados en un termo.
La motosierra de Javier Milei ha arrasado con todo y el Gobierno de la Provincia se ve obligado a malabarismos de todo tipo para cubrir los huecos que deja la deserción nacional, obras públicas incluidas. Este cambio en la lógica política que rigió las relaciones entre la Casa Rosada y las provincias hasta diciembre de 2023 viene manifestándose desde hace un año, pero no parece haber inducido en los intendentes prudencia alguna.
El Gobierno les advirtió ya en diciembre del año pasado, tras asistirlos para abonar el aguinaldo, que el horno no estaba para bollos y que no iba a poder sostenerse el aporte mal llamado extraordinario: si algo se había convertido en ordinario y normal eran las transferencias a los municipios para saldar gastos corrientes. No obstante, se arriba al umbral del aguinaldo de mitad de año con la renovación del llanterío por las alforjas flacas como si nada hubiera cambiado. La autonomía trucha: es para gastar, no para procurarse financiamiento. Los caciques funcionan como estudiantes crónicos, sin advertir que la solvencia familiar para mantenerlos ha decaído.
En este marco se destacan conductas como la de la intendenta de Valle Viejo Susana Zenteno, que para tratar de aliviar el impacto negativo del sonado Caribegate no tuvo mejor idea que adelantar 30 mil pesos de aumento para todos los municipales. Si tiene o no tiene los recursos para afrontar el gasto es un detalle para ella absolutamente secundario. Está segura de que el Gobierno proveerá. ¿Será así? Los márgenes provinciales para seguir alimentando la imprevisión de los intendentes son muy estrechos.
Esta incertidumbre en las finanzas municipales se inserta en el contexto general de la incipiente reactivación de las paritarias en el sector público, que a nivel nacional el Gobierno abrió con una oferta brutal: 0% de aumento. El último incremento nacional fue del 1,3% mensual para marzo, abril y mayo, con un bono de $45.000. La referencia para las negociaciones es la inflación de mayo, que fue del 1,5%, y sus proyecciones.
¿Cómo se traducirá este panorama a nivel provincial? El último aumento del Gobierno, que terminó en mayo, fue del 12%. Son ocho puntos por encima del concedido a nivel nacional, pero la pulseada que se avecina promete ser álgida. Como si las negociaciones con los enclaves de agentes estatales no fueran suficientemente complejas, los intendentes suman su propia paritaria por el aguinaldo. n