Luego de anunciar un recorte de 3 mil puestos en la ex AFIP, que se suman a los más de 30 mil despidos en la administración nacional desde el 10 de diciembre, el gobierno de javier Milei avanza a paso firme con un plan para acelerar la reducción de la planta estatal.
Para ello, el Ejecutivo intimará al personal del sector público nacional para que ingrese al sistema previsional para poder eventualmente jubilarse si reúne los requisitos. La noticia no fue bien recibida por el gremio mayoritario de estatales UPCN y por el frente intergremial del sector, que se declaró en estado de alerta y movilización y no descarta un paro contundente. Reprochan -junto con el gremio de ATE- por los despidos en la agencia recaudadora sumados a los recortes en las universidades y la situación en Aerolíneas Argentinas, y advierten que la conflictividad irá en aumento.
El objetivo de la nueva medida oficializada este miércoles, según se indicó en la Resolución 3/2024 publicada en el Boletín Oficial, es “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos” en ese ámbito. Serían alrededor de 10.000 las personas en condiciones de jubilarse, según informaron en el ministerio de Transformación y Desregulación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, a cargo de la iniciativa gubernamental.
Hasta ahora, el ajuste dispuesto por la administración libertaria se concentraba en el recorte los empleados de planta transitoria del sector público, pero ahora empieza a poner el foco también en aquellos de planta permanente. Seis mil ochocientos de los 10 mil agentes públicos en condiciones de jubilarse pertenecen a ese universo. La medida abarca tanto a los trabajadores de la Administración Central como a los de los organismos descentralizados, incluidos los de las Instituciones de Seguridad Social.
Adicionalmente, para fin de año, el Gobierno prepara la puesta en marcha del anunciado examen de idoneidad que deberán completar los estatales de la planta transitoria, lo que -descuentan en los gremios- dará lugar a una nueva ofensiva para disponer más despidos en la administración nacional.
De esta manera Milei vuelve a sacarle filo a la motosierra para llegar a la 75 mil bajas que anunció en marzo, después de los pocos contratos -según la cuenta de los gremios- que cayeron el 30 de septiembre, más allá de los 1400 cesanteados por el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano.
Entre los estatales la paciencia con la Casa Rosada empezó a acabarse. No los inquieta demasiado el plan de jubilaciones, que según explican los jefes gremiales ya están reglamentados, ni el examen de idoneidad, que deberán aprobar trabajadores con más de 5 años de experiencia en sus funciones.
Entre los caciques estatales cayeron muy mal las últimas decisiones del Ejecutivo de barrer con 3 mil puestos de AFIP y de la paritaria de docentes y no docentes universitarios que puso en pie de guerra a las casas de estudios nacionales con el Gobierno. “Todo el tiempo buscan un chivo expiatorio“, se quejaron algunos de los dirigentes que hasta ahora integraban el club de los pacientes con el Ejecutivo. Razonan que hasta el momento no hay información clara sobre el destino de los trabajadores de AFIP ni información concisa entre las autoridades gremiales y los ministros.
El frente intergremial que integran UPCN, AEFIP-AGOEC-APES-APJAE-APL-FATUN-FEDUN-SGBATOS-SUPARA-SUTECBA-UEJN se reunió en la tarde de este miércoles en el gremio que conduce Andrés Rodríguez y se declararon en estado de alerta y movilización. Los universitarios y los trabajadores de AFIP ya convocaron al paro en sus respectivas actividades. Ahora estudian una medida de fuerza coordinada y más contundente que podría paralizar el funcionamiento del Estado. “Esto no nos pasó nunca, ni con (Mauricio) Macri“, consigna un dirigente gremial con peso propio en la CGT.
“Ante las nuevas y sistemáticas agresiones al sector público, en el día de la fecha, se reunió, en la sede de UPCN, el Frente de Gremios Estatales con el propósito de generar acciones como consecuencia de la profundización de un escenario político, económico y social que agrede sistemáticamente la existencia del Estado propiamente dicho y a sus trabajadores y trabajadoras”, señala el texto de las agrupaciones que tienen más poder de movilización que ATE.
Rodolfo Aguiar, secretario general de esa agrupación, que integra la CTA, se expresó en la misma línea que el resto de los gremios. “Es una estrategia de anuncios efectistas que cada vez les funciona menos. En este caso, como en el 99% de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad. Es una estrategia de anuncios efectistas que cada vez les funciona menos. Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”, escribió en X (ex Twitter).
Hasta principios de octubre, el ranking de empleados despedidos desde diciembre lo encabezaba la administración centralizada donde trabajaban el 36% de los cesanteados seguido por sociedades del Estado (30,36%) y organismos descentralizados (28,3%). Capital Humano es la Cartera con más bajas; seguida muy de cerca por Economía y, ahora, la AFIP.