El fiscal federal Ramiro González suspendió las declaraciones testimoniales previstas para este jueves en el marco de la causa por presuntos hechos de violencia de género contra Alberto Fernández. Se trataba de testigos sugeridos por la defensa, trabajadores de la quinta de Olivos. La querella denunció que se podría estar incurriendo en la violación de los acuerdos de confidencialidad que rigen sobre los trabajadores de la residencia oficial. Además, se citó al escribano público que rubricó las actas de las manifestaciones de dichas personas.
“Pudiendo haberse violado el convenio de confidencialidad aducido o constituido algún delito en relación con los testigos propuestos por la defensa: Déjense sin efecto las declaraciones testimoniales de Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez; a tal fin notifíquese a las partes y a los testigos que debían comparecer el 3 de octubre próximo”, sostuvo el fiscal en un breve dictamen al que accedió Clarín.
Hasta el momento todas las testigos sugeridas por la defensa a cargo de Silvina Carreiro son extrabajadoras de la quinta presidencial de Olivos. En una misma línea argumental, todas manifestaron ante escribano público que ninguno de los hechos bajo investigación en el expediente eran reales.
Con una férrea defensa hacia Alberto Fernández se refirieron con idéntica tesitura a los “problemas de alcohol de la señora Yañez”, a la falta de “atención brindada al niño”, hablaron de un “trato amoroso” por parte del ex presidente hacia su ex pareja.
Después de las primeras testimoniales brindadas ante el fiscal Ramiro González, que es lo único que le da validez a los dichos que se habían volcado en diversas actas, la querella denunció una posible violación de los acuerdos de confidencialidad que el personal que desempeña diversas labores en la quinta de Olivos firma al ingresar. Además, pone en tela de juicio la veracidad de los dichos de las testigos.
Ante esta situación, el fiscal federal Ramiro González resolvió suspender las testimoniales que estaban en agenda para este jueves, y ordenó la conformación de un legajo por separado para investigar los hechos denunciados. En tal sentido, solicitó el supuesto convenio de confidencialidad, el marco legal y sus alcances, “como así también las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se dieron los dichos de las personas que constan en actas notariales que fueran presentadas en la causa”.
Para profundizar aún más en el tema, se citó para este jueves al escribano que rubricó las manifestaciones de las testigos, Lisandro Arturo Barga, para prestar declaración testimonial este jueves a las 11.30.
Para impulsar la investigación iniciada a raíz de las sospechas que manifestó la querella a cargo de Mariana Gallego, el fiscal del caso solicitó a la Secretaría de la Presidencia de la Nación que informe si existe un convenio o cláusula de confidencialidad que deban firmar los empleados de la Quinta de Olivos cuando se los contrata o forman parte de la planta permanente.
En tal caso, se remarcó en el dictamen, “que indique el marco legal regulatorio, alcances, período que comprende y quién puede relevar a los empleados de dicho deber de confidencialidad. Asimismo, si se cuenta con los mismos, que remita una copia certificada”.