Las universidades, probablemente, afrontan su peor momento desde la reapertura democrática. Desde la asunción de Javier Milei, la asfixia presupuestaria y la caída de los salarios de sus trabajadores, confirman a las 57 casas de estudio como uno de los principales blancos del modelo libertario. Aunque en la madrugada del viernes pasado el Congreso dio un paso importante al sancionar por amplia mayoría la ley de financiamiento, Milei ya confirmó que la vetará de forma total.
El argumento: el presidente rechazará cualquier norma que perjudique el objetivo de “déficit cero” que persigue. Claro, pasa por alto que la nueva norma que garantiza el presupuesto para el sector representa apenas el 0,14 por ciento del PBI, al tiempo que olvida otras normas y disposiciones que alivian las billeteras de la porción más rica del país, como la baja al impuesto de bienes personales y el blanqueo. Gremios, rectores, estudiantes y diversos actores agrupados en el Frente Sindical no se quedan de brazos cruzados y ya anticipan una mega marcha para comienzos de octubre.
La votación en el Senado se destacó por una amplia mayoría de 57 a favor, 10 en contra y una abstención. Rechazar una norma sancionada con un resultado tan rotundo obliga al presidente a exponerse a un nuevo veto, que consolida una postura ya observada con la discusión en torno a la Ley de la movilidad jubilatoria: gobernar a espaldas del Congreso. “Frente al veto que ya adelantó el presidente, tenemos pensado seguir con un plan de lucha. Tenemos en mente una nueva marcha universitaria en reclamo por esa situación. Estamos seguros de que el marco será importante, porque a partir de diferentes acciones vemos que estamos en presencia de un gobierno autoritario. Gobernar por decretos y vetos se parece bastante a una dictadura”, indica a Página/12 Carlos De Feo, secretario general de Conadu.
De hecho, continúa el referente gremial, la política económica y la represión que afrontaron los jubilados “son muy similares a las acciones que seguían Martínez de Hoz y Videla”. “No sabemos si la gran marcha será en septiembre o principios de octubre. Seguramente ni bien la vete, convocaremos a una mega movilización en el marco de un paro nacional, que alcanzará una resonancia considerable”, plantea.
La relación entre universidades y el gobierno será espinosa. Ya pasaron cinco meses desde la megamarcha del 23 de abril y la situación de las universidades sigue tan complicada como en aquel entonces. El gobierno, mientras tanto, sostiene el camino de la asfixia para conseguir su principal objetivo a mediano plazo: el arancelamiento de las casas de estudio en Argentina. En concreto: que el acceso a la educación superior no sea para todos por igual.
Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, plantea: “Los rectores y rectoras estamos muy contentos, nos parece que es un acto de justicia la sanción de la Ley. Estamos plenamente agradecidos con todos los legisladores que acompañaron. Si el presidente la veta, el diálogo seguirá con las cámaras, fundamentalmente con Diputados para conseguir esos 29 votos que faltan para llegar a los dos tercios. Implica un trabajo arduo que será acompañado de una agenda de actividades y de visualización para que la sociedad acompañe”.
Desde el ámbito estudiantil, el presente también se afronta con el compromiso de sostener a las universidades como la principal usina de futuro. Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, destaca a este diario: “Estamos muy contentos por el gran logro, se realizó un trabajo muy importante con la Federación Universitaria Argentina, en diálogo con los senadores para tratar de que puedan acompañar esta ley. Una norma súper importante para la universidad pública en general”. Y luego, en relación al veto del presidente, completó: “La situación no da para más, lo más probable es que vayamos hacia una nueva movilización”.
Una Ley urgente y nuevos canales de diálogo
La Ley de financiamiento universitario declara la emergencia presupuestaria del sistema a nivel nacional. Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa dispone la actualización de las partidas presupuestarias de 2023, de acuerdo a la inflación ese año del 211 por ciento y luego aplicar un incremento bimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según indica la norma, los salarios deberán recomponerse desde el 1° de diciembre del año pasado de acuerdo a la variación acumulada de la inflación y, a partir de la sanción, se actualizarán mes a mes según la inflación anunciada por el Indec. Otro de los artículos busca garantizar “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”.
Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, ofrece su perspectiva. “La ley es un excelente logro, no solo para la comunidad universitaria sino para toda la sociedad. El objetivo era obtener los dos tercios de los votos y eso fue superado. Cada grupo de rectores se reunió con los senadores de cada provincia y eso se notó, y la interlocución fue muy valiosa”. Y sigue: “Ya habíamos vislumbrado la no reciprocidad del Poder Ejecutivo con las universidades, por eso el Poder Legislativo se instala como un canal de diálogo alternativo. No descartamos, incluso, que la comunicación en el futuro se establezca con el Poder Judicial”. Ante el veto, los rectores insistirán con el trabajo con los legisladores para ratificar la ley.
Greco insiste: “Es clave seguir sensibilizando mediante charlas, clases públicas y manifestaciones en el entorno local para tener acompañamiento. Debemos entender que todavía seguimos subsistiendo, que nuestros trabajadores, que constituyen nuestro principal capital, están muy precarizados”.
A nueve meses del gobierno libertario, se estima que los trabajadores docentes y no docentes perdieron el 50 por ciento de su poder adquisitivo. Un profesor con dedicación exclusiva (40 horas semanales) percibe 840 mil pesos; ni mencionar aquellos que tienen una dedicación menor, ni los empleados administrativos y de servicios generales con categoría baja y con sueldos por debajo de esa cifra. Hay profesores que, pese a sus trayectorias y como sucedía en los 90, ya piensan en dejar la universidad y dedicarse a otros quehaceres para sobrevivir.
“Más allá de cualquier acción que llevemos a cabo, marcha, movilización o diversas actividades, siempre se discute lo mismo: por un lado, el presupuesto que elevó el CIN para su tratamiento y que el domingo referirá el presidente en su discurso; y por otro, la Ley de financiamiento. En cualquier caso, estamos pidiendo muy poco para todo lo que ofrece la universidad pública para el país. Llevamos 106 años de un modelo universitario exitoso y 75 años de desarancelamiento. Esto nos ubica en un lugar de referencia internacional en Latinoamérica y el mundo”, apunta Alfonso.
La situación de los científicos y científicas –la mayoría de los cuales tiene su lugar de trabajo en las universidades nacionales– no es menos preocupante. De hecho, ello quedó reflejado en el mensaje que Alejandro Díaz Caro, experto en computación cuántica del Conicet, compartió a través de sus redes sociales. “Volví hace 10 años con el programa Raíces. Hoy me voy con el programa motosierra”, difundió el matemático que había sido repatriado en 2014 y en el presente debe retornar a Francia en busca de nuevas posibilidades.
El ejemplo de Díaz Caro es uno entre tantos, al interior de un modelo de desarrollo que expulsa más de lo que atrae. En el caso de la Secretaría de Ciencia, el gobierno subejecuta el presupuesto y no cumple con la Ley de Financiamiento para el sector sancionada en 2023 que aseguraba el incremento plurianual de inversiones para el sector; al tiempo que desactiva el rol de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que en gestiones anteriores se destacaba por promover el desarrollo de buena parte de los proyectos y convocatorias.
La llama de la resistencia
Por estos días, la comunidad universitaria se bambolea entre el alivio por la sanción de la ley y la angustia que por todos los medios busca contagiar el gobierno. Instituciones que tradicionalmente funcionaron como espacios de contracultura durante los gobiernos dictatoriales y neoliberales, en el presente necesitan recuperar una mística que, ante tanto cuestionamiento oficial, a veces parece en discusión.
De Feo, sin embargo, retruca: “La aprobación de la Ley es una consecuencia de la pelea que dio la comunidad universitaria y los gremios en el segundo semestre. Antes de que iniciáramos el receso invernal, se había tratado de hacer una reunión para tener una sesión en Diputados y no tuvo quorum. Con la lucha, la Ley se aprobó en Diputados y en el Senado con amplia mayoría. A través de los paros y de las movilizaciones logramos mantener prendida la llama de la resistencia”, asegura.
Combatir el oscurantismo no es sencillo cuando desde el relato hegemónico se invita a exaltar el individualismo a través de narrativas como el emprendedurismo y erosionar las solidaridades sociales. Sin embargo, la sociedad siempre ha encontrado caminos de oxígeno para seguir apostando al vínculo y convencerse, otra vez, que nadie se salva solo.
El modelo de país de Javier Milei no apuesta al conocimiento autóctono porque en verdad no lo necesita. No cree en las capacidades instaladas, en el aporte de las universidades y de la ciencia. La Ley de financiamiento universitario cuesta 0,14 por ciento del PBI, con lo cual, no representa una cuestión de dinero sino de postura. Es el eterno asunto en torno a economistas que se muestran como técnicos despolitizados y encubren decisiones políticas en cada movimiento. Decisiones políticas que, no casualmente, suelen beneficiar a las minorías enriquecidas y perjudicar a las mayorías empobrecidas. Por suerte, para acotar esa brecha, están las universidades.
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