El Centro de Ingenieros de Catamarca expresó su preocupación por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de cloacas en Valle Viejo. A través de una misiva enviada al municipio, la entidad solicitó información sobre las empresas contratadas, los procedimientos administrativos seguidos y aspectos técnicos vinculados al proyecto.
En la nota, el organismo profesional señaló que las firmas que intervienen en la obra —Supercemento SAIC, Eleprint SA e Hytsa Estudios y Proyectos SA— no se encontrarían registradas en la provincia de Catamarca, tal como lo establece el Régimen para Matrícula Profesional de Ingenieros. Asimismo, se menciona que los ingenieros José Román Miranda, Roberto Cruz y Mariano Quiroga no estarían habilitados para ejercer la profesión en el territorio provincial, lo que, según se indica, podría configurar un ejercicio ilegal de la actividad profesional.
Además, se remarca que no fue presentado ante el Centro de Ingenieros el proyecto ejecutivo correspondiente a la obra. Por este motivo, solicitaron a la intendenta de Valle Viejo que informe los domicilios de las empresas mencionadas, con el objetivo de notificarlas sobre la obligación de registrarse. En el texto, se advierte que, ante esta situación, los actos administrativos podrían resultar viciados de nulidad.
La carta también hace hincapié en la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas técnicas en una obra de estas características. En ese sentido, se insta a las autoridades municipales a brindar información detallada sobre los contratos adjudicados y los mecanismos de control implementados.
Esta solicitud se suma a una serie de cuestionamientos que ha recibido la obra en las últimas semanas. Recientemente, se conoció que la Corte de Justicia de Catamarca resolvió que la Municipalidad de Valle Viejo debe pagar 160 millones de pesos en concepto de honorarios judiciales, como consecuencia de un proceso vinculado a la paralización de la obra de cloacas. Según declaraciones del exconcejal Javier Espinoza, el monto inicial era de 268 millones, pero fue reducido tras una apelación presentada por la empresa COARCO.
En respuesta a estas versiones, el secretario general del municipio, Rolando Contrera, negó que el municipio deba pagarle a COARCO, y afirmó que dicha empresa fue condenada recientemente a abonar una suma al municipio en otro proceso judicial. También sostuvo que no existe deuda alguna con la firma por ejecución de obra.
La intervención del Centro de Ingenieros incorpora una nueva dimensión al debate en torno a esta obra, al enfocarse en aspectos técnicos, administrativos y profesionales. Se espera que el municipio responda en los próximos días a la solicitud de información.