En una medida que ya genera fuertes polémicas dentro y fuera de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anunció un nuevo programa que ofrece 1.000 dólares a migrantes en situación irregular que acepten abandonar el país de manera voluntaria.
La propuesta, presentada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS), incluye también “asistencia de viaje” y será gestionada a través de una aplicación oficial llamada CBP Home, diseñada para que los extranjeros sin papeles informen al gobierno su decisión de autodeportarse.
“Les pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un excelente vuelo de regreso a su lugar de origen”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Añadió que el programa podría facilitar un eventual retorno legal, en caso de ser “buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestro país”.
Según el DHS, la iniciativa apunta a reducir los costos asociados a las deportaciones forzadas, que actualmente superan los 17.000 dólares por persona. Con esta política, el gobierno estima un ahorro del 70% en gastos operativos relacionados con detención, procesamiento y traslado.
Un primer caso: un ciudadano hondureño
Las autoridades confirmaron que un ciudadano hondureño ya utilizó el sistema, obteniendo un vuelo desde Chicago hacia Tegucigalpa. El pago se realiza una vez que el regreso ha sido verificado por las autoridades migratorias.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, declaró en una reunión de gabinete que “20 o 21 millones de personas tienen que volver a casa”. Sin embargo, los datos oficiales más recientes -de 2022- estimaban alrededor de 11 millones de migrantes en situación irregular o con permisos temporales.
Criminalización y acuerdos internacionales
El gobierno republicano ha endurecido su retórica y considera criminales a todos los migrantes que hayan ingresado sin visa, incluyendo a quienes solicitaron asilo durante la presidencia de Joe Biden.
En lo que va de 2025, más de 168.000 personas fueron detenidas por las autoridades migratorias. Entre ellas, según la Casa Blanca, hay más de 600 presuntos integrantes del grupo venezolano Tren de Aragua, calificado como organización terrorista. Al menos 300 de los detenidos fueron trasladados al polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, gracias a un acuerdo bilateral por el que Estados Unidos pagó 6 millones de dólares.
Organizaciones de derechos humanos y abogados de migrantes han expresado su preocupación, señalando que muchos de los expulsados no tuvieron acceso a un debido proceso legal y que no existen pruebas concretas de sus supuestos vínculos con pandillas. Para muchos, el nuevo plan de “autodeportación” no es más que una forma encubierta de limpieza migratoria.