Acechado en el tribunal del Jury por cuatro denuncias, el fiscal de Instrucción Hugo Costilla se concentró específicamente en la que cuestiona su desempeño en la causa por el asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas para sustentar la hipótesis de que hay una conjura en su contra.
Alguien, no dijo quien o quienes, está interesado en destituirlo para que no continúe con su labor, que juzga poco menos que impecable.
La pretensión sería neutralizarlo en términos generales, pero advirtió que, si debe sentarse en el banquillo, el Jury necesariamente tendrá que revisar el expediente Rojas, lo que ventilará ante la opinión pública detalles que, a su criterio, perjudicarían la investigación. Según dijo, está a la espera de información que vendrá “desde el exterior” para avanzar más decididamente en una pesquisa que lleva ya más de dos años sin arrojar resultados.
Es muy difícil no asumir las declaraciones de Costilla como un mensaje de corte mafioso. No solo se reservó la identidad de quienes lo querrían afuera del Poder Judicial, sino también las razones de tales inquinas. ¿A quiénes incomoda la labor del fiscal Costilla y en qué casos?
Como no lo dice, conviene remitirse a las acusaciones interpuestas en el Jury. La de los hijos de Rojas entró recién en tercer término.
La primera fue interpuesta por el diputado Hugo Daniel “Grillo” Ávila, por las controvertidas absoluciones pagas del asalto a uno de los reos de las criptoestafas. Costilla fue quien llevó al juez de Garantías Rodolfo Maidana el acuerdo de partes de cimentó la extinción de la acción penal de un violento robo a mano armada.
La sentencia de Maidana fue anulada por la Sala Penal de la Corte de Justicia tras una minuciosa investigación de la fiscal Paola González Pinto que la consideró “cosa juzgada írrita”.
Al fundar su acusación contra Costilla, el fiscal del Jury, Augusto Barros, señaló que lo que está en cuestión no es el fallo en sí, sino las conductas previas de Costilla. El Jury, no obstante, decidió suspender el proceso hasta que la Sala de Doble Conforme se expida sobre la casación planteada contra las absoluciones.
Después entró la denuncia de Cristian Guillou por supuestas maniobras ilícitas de Costilla en el enrevesado proceso por la propiedad del complejo Wika, donde litiga contra el estafador confeso Edgar Adhemar Bacchiani y el empresario Alejandro Segli.
Costilla imputó a Guillou por usurpación e intentó archivar una causa penal iniciada por el empresario, medida que fue rechazada por el juez de Garantías Marcelo Sago en una sentencia que incluyó durísimas críticas por no haber profundizado la investigación sobre indicios de maniobras tendientes a precipitar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani.
Semanas después del ingreso de la denuncia de los Rojas, entró una cuarta de la hija de Mario Rodrigo Del Campo, a quien Costilla investiga como líder una banda que estafaba mediante fraudes procesales. La mujer lo acusa por haber instigado la privación ilegítima de su libertad en la ciudad santafesina de Reconquista. Esta denuncia todavía no fue admitida formalmente por el Jury.
Si se analiza el conjunto, las imputaciones que se le hacen por la causa Rojas son las más difusas. Es en las otras tres, en las que tomó medidas más importantes, muy determinantes, donde estaría más complicado, pero es la de Rojas la que eligió para intentar un blindaje.
Dos de las denuncias, la del asalto de Parque América y la de Wika, están contaminadas además por las criptoestafas: Costilla se negó a facilitarle información a la Justicia Federal al respecto. En este sentido, Barros pidió específicamente que sea convocado a testificar el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, además del fiscal General Alejandro Gober. nV