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domingo, 14 agosto, 2022

El “home office” de los empleados públicos tiene poco impacto en el consumo de energía eléctrica

La reducción en la asistencia de empleados públicos a sus oficinas tiene entre impacto nulo a ligeramente negativo en el consumo de energía. Así consideran tres especialistas consultados por Clarín.

El decreto del Gobierno para los empleados públicos que se utilizó para “atenuar” los picos de demanda eléctrica previstos para jueves y viernes posee pocos efectos prácticos, según los consultados.

“Los empleados públicos hace casi 20 meses que, en su mayoría, no concurren a sus oficinas. Hay ministerios donde recién se les pidió una reincorporación hacia diciembre, que después se dio de baja por la nueva variante del Covid-19”, evaluó un consultor, que caracterizó a la medida como de impacto “nulo”.

Otro especialista hasta se aventuró a considerarla “ligeramente perjudicial”. “Si van a una oficina y se prende un equipo de gran consumo, hay mayor eficiencia energética que si 10 personas se quedan en sus casas y prenden el aire acondicionado”, señaló.

“No cambia la ecuación. No entiendo la medida desde lo técnico. Quizás se quiso mostrar una señal desde el Gobierno para que la sociedad entienda la dimensión del problema”, grafica otro consultado.

Salvo uno de los consultados, los expertos no poseen datos específicos sobre consumos eléctrico en el sector público actuales, pero todos vieron estimaciones en años anteriores.

“Incluso, la gran mayoría de los trabajadores del sector privado de empresas tampoco está yendo a las oficinas, por los contagios de COVID-19. Si la mayoría de los empleados no estuviera en sus hogares, hasta creo que podríamos tener cierta disminución de la demanda residencial”, observan.

La reacción de los consultados frente a la “reducción de asistencia” fue recordar imágenes de las tapas de “Clarín” en enero de 1989. Durante un viernes, se decidió un asueto de empleados estatales hasta el martes, como parte de un esquema de la entonces estatal Segba de “cortes programados”. Allí, la compañía que luego se privatizó -y se convirtió en Edesur y Edenor- disponía interrupciones rotativas (de 4,6 u 8 horas) en distintos barrios o segmentos de consumo.

El objetivo era evitar que el sistema colapse. Igual que ahora.

“La diferencia es que la capacidad de generación eléctrica, es decir el parque abastecedor es muy superior. Estamos reviviendo una situación de hace 33 años, pero en medio hubo inversión y modernización de las redes”, destaca uno de los consultados. Pidieron no ser identificados para evitar enconos con funcionarios oficiales. “El problema está en las tarifas, no en la generación”, agregaron.

“Los cortes de ese verano, más la hiperinflación, fueron el final de ciclo del mandato de (Raúl) Alfonsín. Creo que recurrir a una medida así, con una inflación anual que supera el 50%, no es la mejor idea”.

“Asueto estatal hasta el martes para ahorrar luz”, informaba el título principal de la tapa de Clarín del 6 de enero de 1989. Y agregaba: “Segba efectuó cortes antes de lo anunciado”, “Imprevisto apagón en zona bancaria”, “se anuló la jugada del PRODE, devolviéndose el valor de las tarjetas”, “La Cgt reclamó que no se descuenten salarios caídos provocados por las interrupciones de energía”.

Cinco días después, el tema volvió a ser protagonista de la tapa de Clarín. “Para ahorrar energía: Nuevo asueto estatal el viernes y el lunes próximo”. El título era acompañado por una foto que mostraba semáforos sin luz y problemas de tránsito en la Avenida 9 de Julio.

El decreto del jueves dijo que los empleados públicos “deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible, y se abstendrán de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo”.

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