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viernes, 1 julio, 2022

Revés para Cristóbal López: revocan el procesamiento de un ex funcionario de AFIP que lo investigó

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña decidió revocar este jueves por mayoría el procesamiento del ex funcionario de AFIP Sebastián Paladino, quien había sido acusado por el delito de abuso de autoridad por la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, directivos del Grupo Indalo.

El fallo lo firmaron los jueces Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Roberto Boico. Los dos primeros consideraron que había que revisar el procesamiento que había dictado en agosto al jueza María Romilda Servini de Cubría. El tercero, en cambio, votó en disidencia, inclinándose por confirmar el fallo. Boico es el ex abogado de Cristina Kirchner.

Esta causa la armó la defensa de Cristóbal López y su socio Fabián De Souza para tratar de zafar del juicio oral del caso Oil en el que están acusados por un fraude fiscal de más de 8 mil millones de pesos.

Paladino había sido procesado porque en su carácter de Subdirector de Recaudación de la AFIP, ordenó en una fecha no precisada exactamente pero que sería entre mediados y fines de marzo de 2016, la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea, los incumplimientos de pago y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el Grupo Indalo.

Tal acción, según Servini, fue “totalmente arbitraria, carente de razonabilidad” y violatoria del principio de igualdad. La defensa del ex funcionario pidió revocar el fallo, mientras que los querellantes, De Sousa y López, habían solicitado que se confirme.

A partir de ello, el caso llegó a la Cámara, que se expresó a favor del ex funcionario. Para Irurzun, “el procesamiento se refirió en concreto y únicamente a la puesta en disposición, dentro de la órbita interna de la AFIP, de una opción electrónica que nucleaba información ya existente dentro del organismo sobre determinados contribuyentes, al alcance de sus dependencias internas. No se alegó ni menos probó difusión de datos amparados por el secreto fiscal, hacia espacios ajenos al señalado“.

Para el camarista “tampoco se alegó que se obtuvieran o agregaran elementos extraídos de otras fuentes distintas a las propias del organismo recaudador. Es claro que, objetivamente, ello es compatible con la misión del organismo de percibir y fiscalizar los tributos y con el deber del agente de asistir al Administrador Federal en esa tarea, coordinando sus actividades con las que realizan otras áreas del Organismo vinculadas a su competencia”.

Y concluye que “la información colectada muestra que, en efecto, existían investigaciones en curso -y de dimensiones importantes- con relación a los contribuyentes en cuestión y que ello fue materia de pretensiones volcadas por vías judiciales”. También, “que la limitación de la opción informática exclusivamente al “Grupo Indalo” duró días y que luego se incorporaron varios otros considerados “Principales Deudores” o “Deudores Relevantes””. 

Bruglia, por su parte, consideró que “la conducta de Paladino (quien además es un funcionario de carrera, con años de trayectoria) se enmarca dentro de las facultades legales de su cargo, sin que en el estadio actual del sumario pueda afirmarse que actuó de manera abusiva”.

El juez, en un largo argumento que expresó respaldando al ex directivo de AFIP, añadió: “Frente a ese contexto, y sin perjuicio de la necesidad de profundizar la pesquisa, no advierto de momento que existan elementos suficientes para afirmar que el encartado haya infringido la prohibición del artículo 248 del CP, al ordenar la medida de concentrar y hacer accesible -dentro del sistema informático de la AFIP- la información relativa a Oil Combustibles SA y las firmas vinculadas al mismo grupo”.

En disidencia se expresó Boico, que fue abogado de Cristina Kirchner en la causa por el pacto con Irán. “A esta altura, hay motivos bastantes para afirmar que existió un trato desigual y selectivo con relación a un grupo de empresas privadas pertenecientes a determinadas personas (los querellantes)”, dijo.

También señaló que “ese modo de conducirse encaja en la calificación provisoriamente asignada, porque lo central a esos fines -en el caso- no es la sustancia de las facultades que posee la Administración Federal de Ingresos Públicos de auditar y fiscalizar a los contribuyentes, sino los métodos empleados, que deben responder a nociones básicas que surgen de la propia Constitución Nacional”.

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