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lunes, 4 julio, 2022

La causa por las empresas de los Kirchner: antes de que llegue el resultado de dos pericias clave, que ella misma había pedido, Cristina pidió que no se haga el juicio

Dos pericias se encuentran en proceso de realización. Fueron pedidas por Cristina Kirchner y Lázaro Báez, con el objetivo de determinar si en las contrataciones de inmuebles como en el manejo y explotación de los hoteles, existieron maniobras de lavado de dinero. Durante la instrucción, la Justicia determinó que se blanquearon con las dos firmas $ 120 millones.

Se habló de “alquileres ficticios”, “empresas pantallas” y “retorno de fondos” que el empresario K obtenía a través de los sobreprecios de la obra pública. Antes de que las conclusiones de las pericias ingresen al Tribunal, la vicepresidente quiere que se anule el caso. Las conclusiones preliminares de uno de los informes corrobora maniobras irregulares.

El negocio hotelero fue un “apalancamiento del patrimonio de los Kirchner”, dijo en su confesión como arrepentido, Víctor Manzanares, ex contador de la familia. Los cuatro hoteles (administrados por Hotesur y Los Sauces SA) adquiridos por el ex matrimonio presidencial mientras estaban al frente de la Casa Rosada, fueron objeto de investigación en relación a los contratos celebrados con Lázaro Báez, quien a su vez -según la Justicia- se erigía como el “principal contratista de obra pública de Santa Cruz”. 

El circuito fue calificado como un “modus operandi” para lavar al menos 120 millones de pesos. Para que esto pudiera ocurrir “se utilizaron las empresas como una pantalla”, dijo la Justicia que sostiene que nunca tuvieron como finalidad funcionar comercialmente. Por eso la imputación contra la familia Kirchner sostiene que se firmaron “contratos simulados”.

La hipótesis que durante la instrucción investigaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron por parte de Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Además de la familia Kirchner y el empresario, también serán juzgados Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados.

Se acusa a la ex Presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner de ser parte de un “proceso de reciclaje que, con los fondos ilícitos de la obra pública y a través de la firma Valle Mitre de Báez, se desarrolló entre 2008 y 2013”. La misma acusación se aplicó en el caso de Los Sauces SA, la firma inmobiliaria. En total se blanquearon $ 120 millones.

Todos esos negocios volcados en diferentes contrataciones, son los que Cristina Kirchner pidió peritar. Solicitó que se analicen en detalle todos los contratos celebrados entre Hotesur y Valle Mitre (su empresa responsable de gerenciar los hoteles), Austral Construcciones y otras firmas del conglomerado. 

También bajo análisis pericial se encuentran los contratos celebrados por Los Sauces SA con el grupo Austral (de Báez) y con firmas de Cristóbal López. Los empresarios representaron el 86% de la facturación de la inmobiliaria de los Kirchner. Las operaciones de lavado de dinero habrían superado los $ 30 millones.

Hasta que la prueba complementaria no esté concluida, no se podrá iniciar el juicio. Pero pese a que se trata de dos pericias pedidas por la vicepresidenta, fue su defensa la que ahora sabiendo que en diciembre de este año se entrega una de las pericias (Los Sauces) y en marzo del años siguiente la restante (Hotesur), ahora solicitaron la nulidad del juicio. Más específicamente, algo que Cristina Kirchner logró en dos causas: el sobreseimiento dictado sin la realización del debate oral.

Los contratos bajo sospecha

En el caso de Hotesur, las operaciones comerciales que se van a peritar fueron analizadas durante la instrucción, junto a diversos arreglos inmobiliarios. Por ejemplo, la Justicia señaló que para que la familia Kirchner adquiera los hoteles entre 2005 y 2009, hubo más de 15 compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez y los ex presidentes. Esta liquidez les permitió -con la participación de Máximo Kirchner-, comprar el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y el Alto Calafate por 4.900.000 dólares.

Como paso siguiente, se creó la firma Valle Mitre, de Báez, con el fin de administrar los hoteles, “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.

Como esta firma no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur, le inyectaba dinero Austral Construcciones -principal contratista de la obra pública vial-. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 y 2015 por casi 71 millones de pesos.

Todo concluyó con el ingreso de fondos al patrimonio K. Entre 2009 y julio de 2013, Báez pagó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54% de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.

Esta pericia se entregará al Tribunal Oral Federal 5 en marzo del año que viene. Antes de eso, Cristina Kirchner quiere ser sobreseída. Fuentes judiciales buscando entender el planteo, refieren a conclusiones del informe que pueda “reforzar la imputación”. 

Conclusiones preliminares 

Respecto a Los Sauces, una vez constituida la firma comenzó a adquirir propiedades: “más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años”, sostuvo la fiscalía. Las operaciones “fueron constantes en el tiempo” y el derrotero de “alquileres ficticios” devino en un procesamiento por lavado de dinero.

La compra de las propiedades, los contratos de alquiler a través de los cuales se usufructuaban los inmuebles y la documentación que debía respaldar esas operaciones fueron peritadas a pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Esta pericia se entregará en diciembre.

En las conclusiones preliminares los peritos señalaron que “el alcance de las tareas ejecutadas a los fines de responder el presente cuestionario pericial contable se ha visto limitado”, por la falta de documentación completa de la inmobiliaria.

Se señaló que la inmobiliaria tenía “falta de fondos para adquirir inmuebles”, falta de registración de algunos, “no se puede determinar el origen de los fondos para tal operación inmobiliaria, ya que de la lectura del Libro Diario Nº 1 de Los Sauces S.A., no se visualizó registro contable alguno relacionado con la compra de este inmueble”, señalaron sobre algunas compras.

Cuando los peritos analizaron los alquileres con la inmobiliaria, aclararon que “la documentación incorporada resultó insuficiente para dar respuesta acabada al punto pericial”. Entonces, se indicó que el alcance de las tareas se vio limitado por no contar con “la mayoría de los contratos de locación celebrados entre Los Sauces S.A. y sus clientes, como tampoco con la totalidad de las facturas emitidas por la Sociedad. La mencionada ausencia de documentación impidió informar, en algunos casos, la causa que diera origen a la facturación detallada”.

Otra falencia en la contabilidad de Los Sauces, según el informe, es “la existencia de asientos globales mensuales de los movimientos bancarios en el Libro Diario N° 1 de la Sociedad, circunstancia que no permitió asociar en muchos casos, en forma directa, cada acreditación bancaria con la correspondiente registración contable de la cobranza”. Sumado a estos aspectos, no se contó “con la totalidad de las órdenes de pago emitidas por los clientes de Los Sauces S.A. a la mencionada sociedad”.

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