36 C
San Fernando del Valle de Catamarca
lunes, 5 diciembre, 2022

Entre cruces por el conflicto mapuche, el Senado prorrogó la ley que suspende desalojos de tierras indígenas

A pesar de los cruces por el conflicto mapuche, el Senado prorrogó con amplio consenso y por cuatro años más la Ley de Emergencia Territorial Indígena que suspende la ejecución de desalojos de las tierras ocupadas por comunidades con personería jurídica registrada.

Para convertirlo en ley lo debe aprobar también la Cámara de Diputados. Aunque como la ley vence el 23 de noviembre, no se descarta que el Ejecutivo deba hacer una prórroga de emergencia por decreto para que no caiga.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones y el proyecto tuvo 43 votos a favor, 2 en contra y hubo 7 abstenciones. El tema abrió diferencias dentro de la bancada de Juntos por el Cambio.

Más allá de la suspensión de desalojos, el texto ordena la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y para eso dispone de una partida de $ 290 millones anuales.

Este punto es el que mayor conflicto generó con la oposición que incluso pidió citar a la titular de ese Instituto, Magdalena Odarda, a pedirle explicaciones por la tardanza en la realización del relevamiento que comenzó en 2006 y el destino de los fondos.

A pedido de JxC se incorporó un artículo en el que dispone que el Ejecutivo deberá presentar por medio del INAI un informe anual que detalle el estado de avance del proceso y la situación nominal de las tierras.

El conflicto en el Sur atravesó la sesión. “Voté a favor de la prórroga dos veces. Siempre escuché el mismo argumento: que iba a ser la última vez. Pero frente al desafío de la RAM, votar esta prórroga es un suicidio institucional para este país”, apuntó Ernesto Martínez, de Juntos por el Cambio, que votó en contra al igual que el radical Julio Martínez.

“¡No tiene nada que ver!” lo increpó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.

“¿Cómo que no? Con esta ley dirán que no pueden ser desalojados de las tierras que tomaron en los últimos tiempos. Ustedes no van a hacer nada hasta que aparezca un muerto en un incendio, pero será tarde. No tienen que tener esta herramienta legal de defensa”, siguió Martínez.

“Al no acotar la prorroga permiten usurpaciones, toma de propiedades privadas, la Justicia no puede actuar”, agregó en la misma línea la cordobesa Laura Rodríguez Machado del PRO.

Sin embargo, compañeros de su propia bancada discreparon. “En esto no coincido ya que entiendo que justamente los violentos no reconocen al Estado, ni ninguna legislación. Ni siquiera quieren ser reconocidos o relevados. Además el artículo primero habla claramente de que tienen que tener una posesión reconocida. La Justicia no tiene las manos atadas. En Bariloche de hecho hay un orden de desalojo que se activó”, respondió Gladys González del PRO.

Para que sea ley también lo tiene que aprobar Diputados, que tuvo el martes una sesión maratónica y no tiene previsto volver a reunir al cuerpo hasta después de las elecciones.

Bajo este panorama, la palabra final recae en el presidente Alberto Fernández que debería decidir prorrogarla por decreto, como hizo con la Ley de Biocombustibles, cuando se extendió el debate.

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA

Mas noticias
NOTICIAS RELACIONADAS