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viernes, 19 agosto, 2022

Los detalles del proyecto de monotributo gratuito y créditos para la economía popular

El Gobierno dio a conocer este miércoles proyectos legislativos para “formalizar” trabajadores precarios mediante un monotributo gratuito, promover créditos subsidiados y garantizar el acceso preferencial a compras gubernamentales. Se busca así mejorar la situación de más de 3 millones de personas de bajos ingresos y en condiciones de pobreza.

El Presidente analizó las iniciativas este mediodía en Casa Rosada durante una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pon, y el titular del INAES, Alexander Roig.

La primera de las medidas, denominada “Puente de inclusión al régimen simplifcado de pequeños contribuyentes”, implica una reforma del régimen de monotributo actual y el reemplazo del monotributo social y promovido para facilitar la inclusión social, promover la formalización laboral y el acceso a jubilación y la cobertura de salud, según las autoridades.

El nuevo esquema en el que se estuvo trabajando desde el año pasado contempla en los primeros cuatro años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo, jubilación y salud), un beneficio al que podrán incorporarse desocupados, informales y monotributistas en actividad.

Entre los principales cambios, el Estado se hará cargo del pago del componente impositivo del gravamen en forma permanente de todas las personas registradas en las categorías A, B y C, mientras que desde la D en adelante pagarán a partir del tercer año un 50% y del cuarto, un 75%.

En cuanto al aporte jubilatorio, las categorías A, B y C pagarán 0% los dos primeros años, y un 50% el tercero y cuarto año. Mientras que las categorías superiores abonarán 0% el primero año, 25% el segundo, 50% el tercero y 75% el cuarto.

El “monotributo productivo” apunta a los nuevos monotributistas, contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20 de marzo de 2020, monotributistas sociales y monotributistas promovidos, aunque quienes opten por permanecer en el anterior régimen también podrán hacerlo.

Los beneficiarios podrán acceder a las coberturas de salud disponibles de los programas nacionales del Ministerio de Salud al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud (CAPS). Y desde el gobierno aseguran que habrá medidas antiabuso para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. 

Los requisitos para acceder son ser mayor de 18 años, estar inscripto al ReNaTEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular), y no ser titular de más de tres automóviles. En ambos casos -inmuebles y automóviles- uno de esos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico.

Para ingresar a dicho registro, se debe no ser empleador, ni ser contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de 3 actividades independientes. En agosto, había 2,8 millones de personas inscriptas, de las cuales el 57% son mujeres y el 24% jóvenes de hasta 24 años.

Dentro del registro, hay vendedores ambulantes, personas que trabajan en comedores y merenderos comunitarios, feriantes, artesanos, cartoneros, recolectores informales de basura, limpiadores de vidrio de autos, pequeños agricultores y trabajadores de la construcción.

Según el proyecto que aún no fue enviado al Congreso, todos los trabajadores y trabajadoras inscriptas en el ReNaTEP pasarán a estar inscriptos en el monotributo productivo y en la medida que cumplan los requisitos de permanencia en ese registro, continuarán su condición de inscripción vigente en el monotributo.

Créditos subsidiados

El otro proyecto de ley apunta al financiamiento productivo de la economía popular mediante la creación de un fondo fiduciario para la promoción del crédito no bancario operado para financiar proyectos productivos y otro operado por el INAES con tasas subsidiadas.

El primero se conformará como un fideicomiso con tasas bonificadas y permitirá otorgar garantías y avales para financiamiento bancario, capacitación y asistencia técnica. Apunta a emprendedores de la economía popular y pequeñas cooperativas

La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y con el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. El BICE actuará como ente fiduciario y se financiará con aportes de las provincias, Caba y organismos públicos.

Las entidades financieras reguladas por el BCRA deberán destinar un mínimo del 1,50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular. De este porcentaje, podrán imputar el 100% a cuenta del cupo de líneas de financiamiento productivo para MiPyMEs.

El Fondo Fiduciario Productivo y Social, en tanto, se conformará como un fideicomiso para sectores productivos de baja y media escala, con financiamiento de cooperativas, mutuales, y de las pequeñas empresas y emprendedores. El objetivo es financiar proyectos productivos, de logística, de ahorro, de crédito, y de consumo.

El proyecto faculta a INAES a constituir una SA con el objeto de actuar como sociedad fiduciaria administradora del Fondo (49% INAES y 51% entidades que agrupen a asociaciones mutuales, a cooperativas, y a trabajadores/as de la economía popular).

El fondo estará integrado por recursos presupuestarios del INAES y de otros organismos del Estado, aportes y préstamos de Organismos Internacionales y/o otras instituciones, aportes no remunerativos de Cooperativas y Mutuales y los fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables emitidos por el propio fondo a través del mercado de capitales.

El fondeo provendría principalmente de presupuesto de INAES y de recursos del sector mutualista. Se estima que unos $40.000 millones del sector se encuentran depositados en el sistema financiero más un flujo cuyos fundamentos dependen principalmente del sector agropecuario del interior del país.

Por último, se impulsará un programa de preferencia en las compras gubernamentales para la economía popular, con la regulación de la publicidad de los procesos de compra gubernamental, reducción de requisitos para participación de compras gubernamentales (menos garantías requeridas para la participación) y un esquema adicional de preferencias (precios de hasta 5% por sobre PyMES nacionales y hasta 25% por sobre empresas extranjeras).

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