Aunque ganó tiempo, el escenario judicial de Cristina Kirchner sigue difícil

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Hace dos semanas, Cristina Kirchner finalmente logró que se anulara el juicio en su contra por encubrimiento agravado del atentado de la AMIA. Esa causa inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Previo a ello, una sala de la Cámara de Casación anuló el debate oral por las operaciones con el dólar futuro. Dos buenas noticias para la vicepresidenta, que se suman al retraso para el inicio del juicio contra ella y sus hijos por lavado de dinero. Sin embargo, en la justicia federal aún cuenta con seis procesamientos por corrupción, y toda la fortuna familiar se encuentra embargada.

Una de las críticas internas de Cristina Kirchner hacia Alberto Fernández -entre muchas otras- es que poco varió su situación judicial desde que el gobierno asumió en diciembre de 2019. Bajo la convicción de que todas las causas que afronta en Comodoro Py son resultado de una persecución política que inició Mauricio Macri desde la Casa Rosada, esperaba que como un efecto dominó los expedientes fueran perdiendo fuerza y terminaran anulados. Pero el proceso administrativo-judicial es mucho más complejo.

Desde 2019, un conjunto de decisiones comenzaron a tomarse en diversas instancias de la justicia federal beneficiaron la situación de Cristina: quedaron sin efecto las prisiones preventivas que tenía dictadas en el caso del Pacto con Irán, como también en la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas.

En este último caso, la vicepresidenta logró reducir a la mitad los procesamientos. Junto con la causa madre donde fue procesada y enviada a juicio oral como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, le quedaron tres, de los cuales el tramo que investiga los sobornos vinculados al servicio de trenes avanza hacia el juicio: el Tribunal firmó el ofrecimiento de pruebas, previo a fijar fecha de inicio del debate.

En simultáneo, en Comodoro Py las malas noticias para la ex Presidenta continúan llegando: la semana pasada se firmaron dos resoluciones que la involucran. La primera de ellas ordenó que se defina su situación en la causa por la que Lázaro Báez fue condenado a doce años por lavado de dinero. La Sala II de la Cámara federal porteña pidió que el juez Casanello la sobresea o caso contrario, la procese.

La semana pasada el juez Casanello corrió vista a la UIF y al fiscal Guillermo Marijuan para que se pronuncien al respecto.

En otro fallo también se confirmó que el financista K Ernesto Clarens lavó 160 millones de dólares que provenían de los contratos viales que el gobierno kirchnerista le otorgó al Grupo Austral, propiedad de Báez. Es un caso conexo al único juicio que tiene en pleno desarrollo la vicepresidenta por la presunta corrupción en la obra pública. Allí, hace dos semanas se corroboró que en un año Báez realizó 19 contratos con documentación irregular y que no concluyó esas obras.

Bajo la lupa también están los hijos de la vicepresidenta: el fiscal Eduardo Taiano avanza en la investigación sobre el patrimonio de más de 290 millones de pesos de Máximo Kirchner, para saber si se enriqueció ilícitamente. En tanto, el TOF 5 recibirá en estos días la última pericia con la que se encontrará habilitado para poner fecha de inicio de juicio en los casos Hotesur y Los Sauces, las empresas de la familia Kirchner donde ellos están acusados por blanqueo de activos.

En este último caso Cristina logró ganar tiempo, ya que en la pericia sobre los contratos hoteleros tuvo que asumir un nuevo martillero, retrasando la entrega de las conclusiones. Sin esa medida de prueba ,el TOF 5 no pondrá fecha de inicio para el juicio.

Otro número expone el malestar de la vice con la justicia: siguen vigentes los embargos por más de 12.000 millones de pesos y la inhibición general de bienes. Eso es algo que por ahora, no logró revertir.

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